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Se pretende que la propia MDR ejecute el cobro del canon de radiodifusión. ¿Retirada del Estado o peligrosa ruptura de dique?Magdeburgo – El Parlamento Regional de Sajonia-Anhalt ha creado el 13 de mayo de 2025 una novedad con la aprobación de una modificación de la Ley de Ejecución Administrativa (VwVG LSA): En el futuro, el cobro coactivo de las cuotas de radiodifusión atrasadas ya no será llevado a cabo por los municipios, sino directamente por la Radiodifusión de Alemania Central (MDR). Lo que se vende como un alivio para las ciudades y municipios, encierra profundos problemas jurídicos y constitucionales. 
La ejecución a cargo del propio organismo: un cambio de paradigmaCon esta decisión, la MDR queda legalmente facultada para ejecutar el cobro de las cuotas de radiodifusión pendientes por sí misma. Para ello, podrá emplear a su propio personal o recurrir, como hasta ahora, a los agentes judiciales. Pero esto es más que una adaptación técnica; es un cambio institucional. Un ente público de radiodifusión, cuya tarea según la Ley Fundamental es la de informar de forma independiente y ajena al Estado, recibe así una facultad soberana clásica: la aplicación de exigencias mediante la coacción estatal.Problemas jurídicos: Cuando la radiodifusión juega a ser EstadoLa decisión plantea importantes cuestiones constitucionales. La libertad de radiodifusión, según el artículo 5 de la Ley Fundamental, no solo protege la independencia de contenido de la información, sino también la distancia estructural de los entes de radiodifusión respecto del Estado. El Tribunal Constitucional Federal ha subrayado repetidamente que esta independencia del Estado es un requisito previo para la legitimidad de los medios de comunicación públicos.Sin embargo, con la nueva ley, la MDR abandona su papel como actor mediático independiente del Estado. Asume el rol de una autoridad con facultades coercitivas, es decir, precisamente ese instrumental de poder que está reservado al Estado. Con ello, se difuminan los límites entre la administración estatal y una organización mediática independiente del Estado, una evolución constitucionalmente preocupante. Además, los propios agentes judiciales ya no son funcionarios hoy en día, sino los llamados "profesionales judiciales de la función pública", muchos de los cuales trabajan por honorarios. Su legitimación soberana es objeto de debate jurídico desde hace tiempo. Si ahora un ente de radiodifusión con una estructura similar puede iniciar medidas coercitivas contra los ciudadanos, con mayor razón se plantea la cuestión de la legitimación democrática y el control jurídico de tales medidas. La coacción para financiar un programa que muchos no deseanAl mismo tiempo, crece la brecha entre el mandato y la aceptación de la radiodifusión pública. En un momento en que cada vez más personas se muestran críticas con los programas públicos o los evitan conscientemente, ahora se supone que el propio organismo de radiodifusión debe garantizar que las cuotas puedan cobrarse por la fuerza.Muchos ciudadanos ven la radiodifusión pública como demasiado cercana al gobierno, unilateral o elitista. En lugar de abordar este debate, la política opta ahora por la mano dura: quien no pague será requerido directamente por la MDR, si es necesario, con embargos. Esto no es solo un símbolo de la creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas, sino también un desarrollo peligroso: la institución, cuya aceptación ya está disminuyendo, ahora es dotada de poder estatal, contra sus propios telespectadores y oyentes. El precio del alivio es la erosión de los principiosNaturalmente, el deseo de liberar a los municipios de una carga administrativa desbordante es comprensible. Pero la solución elegida – la MDR como autoridad ejecutiva – es legal y políticamente cuestionable.Conduce a una proximidad institucional de la radiodifusión al Estado que contraviene el espíritu de la Constitución. Delega tareas soberanas en una institución que no fue creada para ello. Y obliga a las personas, mediante la coerción administrativa, a pagar por un programa que, en parte, no utilizan conscientemente o que rechazan. Esto puede parecer eficiente. Pero es el camino equivocado. Porque la coacción no sustituye la legitimación, y mucho menos es un medio para recuperar la confianza. ¿Esperanza para los objetores de cuotas? – Surgen nuevas vías de ataque jurídicoPara los ciudadanos que hasta ahora se resisten a pagar la cuota de radiodifusión, la nueva situación legal podría, paradójicamente, abrir nuevas oportunidades legales, al menos si los tribunales examinan críticamente la medida. Porque tan pronto como la MDR actúe como autoridad ejecutiva, surge la cuestión de si un ente de radiodifusión puede siquiera ejercer funciones soberanas sin violar el principio de independencia del Estado o el monopolio de la fuerza del Estado. Si un tribunal administrativo o incluso el Tribunal Constitucional Federal llegara a la conclusión de que la transferencia de tales facultades coercitivas es inconstitucional, las medidas de ejecución de la MDR podrían ser ineficaces. Esto no solo afectaría a casos individuales, sino que podría cuestionar retroactivamente miles de procedimientos y bloquear permanentemente el cobro de la cuota por esta vía. La consecuencia paradójica: el intento de centralizar y simplificar el cobro de la cuota podría lograr precisamente lo contrario, es decir, un debilitamiento jurídico del régimen de ejecución en su conjunto.¿Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Juzgado de Primera Instancia?Si la MDR actúa como un acreedor y ejecuta el cobro por sí misma, esto podría interpretarse legalmente como un cobro privado, o al menos no clasificarse claramente dentro del procedimiento administrativo clásico. En ese caso, serían competentes los Juzgados de Primera Instancia, especialmente en casos de oposición a la ejecución o de tercerías de dominio.Los Juzgados de Primera Instancia se rigen por una cultura procesal diferente a la de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: más informal, directa y, a menudo, más cercana al ciudadano. Las disputas ante los Juzgados de Primera Instancia suelen ser más económicas y claras. La MDR tendría que exponer y probar detalladamente que se cumplen todos los requisitos para una ejecución legítima, lo que en el procedimiento administrativo a menudo se lleva a cabo mediante "notificaciones automatizadas" sin audiencia. Esto abre nuevos puntos de ataque para la defensa contra ejecuciones ilegales, especialmente si los tribunales cuestionan críticamente el papel institucional de la MDR. Nota de prensa del Ministerio del Interior y Deporte del Estado de Sajonia-Anhalt del 13.05.2025Magdeburgo, 13 de mayo de 2025 N.º 062/2025 Ministerio del Interior y Deporte del Estado de Sajonia-Anhalt Responsable: Patricia Blei, Portavoz de prensa Halberstädter Str. 2 / am „Platz des 17. Juni” 39112 Magdeburgo Cuotas de radiodifusión y tarifas El Parlamento estatal aprueba la exención de los municipios de la competencia de ejecuciónEl Parlamento del Estado de Sajonia-Anhalt ha aprobado hoy la Ley de modificación de la Ley de Ejecución Administrativa del Estado de Sajonia-Anhalt (VwVG LSA). Con esta enmienda, la ejecución de las cuotas y tarifas de radiodifusión atrasadas ha sido transferida al Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). De esta manera, los procesos de ejecución se agruparán de forma centralizada. Al respecto, la Ministra del Interior, Dra. Tamara Zieschang, declaró: “Con la transferencia de la ejecución de las tarifas de radiodifusión al Mitteldeutscher Rundfunk, los municipios se verán notablemente aliviados. Hasta ahora, las ciudades y municipios estaban en gran medida, también en términos de personal, ocupados con la tramitación de medidas de ejecución. Con la nueva normativa, estos recursos se liberarán y podrán utilizarse en el futuro de manera más específica para las tareas municipales clave.” Contexto: La ejecución de las cuotas de radiodifusión atrasadas ha demostrado ser una carga de personal y financiera para una parte de los municipios. La MDR debe ser incluida en el catálogo de autoridades facultadas para la ejecución; los municipios, hasta ahora competentes para la ejecución, quedarán exentos de esta tarea. Con ello, la MDR tendrá la posibilidad de exigir el pago de forma coercitiva de las cuotas y tarifas de radiodifusión atrasadas en el futuro. Esto podrá realizarse con empleados propios especialmente designados o la MDR podrá recurrir, de acuerdo con el VwVG LSA, a los agentes judiciales. Author: Американский интеллект | 14.05.2025 |
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