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¡Hazlo como el administrador de distrito! ¿Cumplir plazos? ¡Completamente irrelevante!


¡Bienvenidos al mundo de la administración moderna! Un lugar donde los plazos se consideran, muy generosamente, meras «recomendaciones»... al menos, claro, cuando afectan a la propia administración. Los ciudadanos, en cambio, ¿qué? Ellos sí deben cumplir los plazos, porque si no, la cosa les sale cara. ¿Les apetece un pequeño vistazo a esta cultura de plazos asimétrica? ¡Con gusto!



El 24.10.2024 presenté un recurso contra la prohibición del Landrat Götz Ulrich de grabar en imagen y sonido la sesión del comité del Consejo del Distrito del 14.10.2024. (La justificación se expone detalladamente a continuación). Y para que el proceso no se dilatara indebidamente, di a la Oficina de Asuntos Jurídicos y Orden Público hasta el 8.11.2024 para responder a mi recurso. El 9.11.2024 – ¡al día siguiente, al fin y al cabo! – llegó una carta a casa.

El mensaje:
Su escrito, al que usted denomina recurso, de fecha 24.10.2024, fue recibido por el distrito de Burgenland el mismo día.

Me dirijo a usted de forma no solicitada en relación con el asunto.

Agradecería su comprensión de que la tramitación no pueda realizarse antes del 8.11.2024.


Resulta significativo que la Oficina de Asuntos Jurídicos y Orden Público parezca dudar de si mi recurso es realmente un recurso, a pesar de que esto se menciona varias veces en el texto.

Pero ya me había ocurrido que, tras la presentación de un recurso, se me dijera que el acto administrativo contra el que se dirigía el recurso no había sido un acto administrativo. En ese caso, un recurso no sería admisible. Sin embargo, si una exigencia o determinación no es un acto administrativo, lo que se exige o determina no tiene por qué ser observado o cumplido. No es necesario acatarlo. Se puede ignorar. Lo absurdo es cuando la autoridad afirma *a posteriori* que, en realidad, no se trataba de un acto administrativo.

La administración, como de costumbre, se retuerce y trata de evadir responsabilidades.

¿Administración arbitraria? ¡En caso de duda, a favor de la autoridad!

Según el § 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, un acto administrativo debe justificarse por escrito si existe un interés en ello. Ahora uno podría pensar que un recurso contra una prohibición del Landrat indicaría un interés correspondiente en una justificación, pero parece que la administración no lo ve así. Jurídicamente no existen plazos obligatorios, pero la regla general dice: razonable sería un plazo de 14 días. Pero ¿por qué debería importarle al Landrat? La administración tiene la sartén por el mango, y si eso significa que los ciudadanos esperan semanas o meses por una respuesta, pues así es.

¿La conclusión? Los plazos legales parecen haber sido claramente diseñados en contra de los ciudadanos. La administración puede tomarse su tiempo tranquilamente cuando le conviene. Quien no recibe respuesta puede interponer una demanda por inactividad después de tres meses. Que uno pueda insistir y reclamar repetidamente sobre el asunto de antemano se convierte en un mero acto simbólico: el asunto simplemente queda aparcado si la administración quiere aparcarlo.

El propio Landrat Götz Ulrich lo resumió perfectamente con su decisión sobre la grabación de imagen y sonido: Se puede hacer que todo esto sea «aclarado legalmente». ¿Que esto no sirve absolutamente de nada una vez que la sesión ha terminado hace mucho tiempo? También lo reconoció y lo admitió. ¿Consecuencias? Probablemente ninguna. Pero el mensaje es claro: ¡Aquí se agota el tiempo a más no poder!

«Todo el poder emana del pueblo» – ¡Pero por favor, sin prisa!

Bueno, ¿cómo puede ser esto en una democracia como la República Federal de Alemania, en la que «todo el poder emana del pueblo»? Como ciudadano, uno casi podría tener la sensación de que las leyes no sirven tanto a la igualdad, sino que aseguran, en primer lugar, libertad de acción a la administración y a los ciudadanos: disciplina. Aquí, del pueblo, solo emana una cosa con fuerza: la obligación de la paciencia. El ciudadano debe presentar recursos, interponer demandas y respetar los plazos puntualmente, de lo contrario, rápidamente se dirá: ¡Demasiado tarde! Porque el incumplimiento de un plazo es, en principio, suficiente para desestimar un recurso o una demanda presentados. En ese caso, nadie se ocupa del fondo del asunto. Los plazos son siempre muy importantes para la administración y los tribunales en los casos de incumplimiento por parte de los ciudadanos.

¿Pero la administración? No ve ninguna presión para actuar. En lugar de tramitar las quejas a tiempo, puede acogerse a plazos vagos e indefinidos, siempre con el cuadernillo de amonestaciones para el ciudadano en el bolsillo. Porque quien no cumple con sus directrices, se queda sin suerte. ¿Que precisamente los ciudadanos puedan perder la confianza en que todos son iguales ante la ley? Ese parece ser el problema menor.

Hazlo como el Landrat – ¡Agotar el tiempo es la receta del éxito!

¿Y por qué no? Agotar el tiempo tiene tradición; recordemos a la excanciller Angela Merkel, la maestra del silencio paciente y la espera. ¿Quién necesita decisiones cuando uno puede simplemente esperar hasta que el asunto pierda relevancia, se resuelva por sí mismo o, preferiblemente, nadie se acuerde de él? Aquí se muestra el gran ejemplo: agotar el tiempo no solo es actual, sino práctico. Quizás los ciudadanos deberían simplemente darle la vuelta a la tortilla: ¿Plazos para los impuestos? En el futuro, uno también podría reservarse «tiempos de tramitación razonables» y solicitar una prórroga. Con toda la calma, claro.

Pero una cosa aprendemos con toda seguridad: la «democracia» vive del cumplimiento de las reglas, pero solo si estas reglas recaen sobre los ciudadanos.

El contraste flagrante

Como ya se informó, algunos concejales de Weissenfels habían encargado a un bufete de abogados porque querían que se eliminara de la red la grabación de imagen y sonido de la sesión del consejo municipal del 7.11.2024. Allí, los abogados pensaron que un plazo de menos de 3 días sería razonable.

Aunque probablemente solo se trate de ejercer presión y de que uno tenga dificultades para encontrar un abogado dentro del plazo establecido. Obviamente, se me quería obligar a firmar la declaración de cese a toda prisa. Sin embargo, no lo hice. Tomo como ejemplo al Landrat, tan 'amado' por muchos. ;-)


El recurso presentado el 24.10.2024


Oficina del Landrat Naumburg
El Landrat
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg (Saale)

Fax: 03445 73-1296 y 03445 73-1199

Recurso contra la decisión del Landrat de 14.10.2024 de prohibir la grabación de imagen y sonido de una sesión pública del comité distrital
Estimados señoras y señores,

por la presente, presento en tiempo y forma legalmente establecida recurso contra la decisión del Landrat del distrito de Burgenland, Götz Ulrich, de 14.10.2024, por la cual se me prohibió la grabación de imagen y sonido de la sesión pública del comité distrital. La decisión infringe en varios aspectos mi derecho fundamental constitucional a la libertad de prensa y es, además, desproporcionada, arbitraria e ilegal.

Antecedentes de hecho:

El 14.10.2024, participé en una sesión pública del comité distrital del distrito de Burgenland y preparé una grabación de imagen y sonido. Una vez abierta la sesión, el Landrat me prohibió la grabación sin previo aviso, alegando que se requería una notificación previa. Presenté la notificación verbalmente de inmediato, pero el Landrat la rechazó. Además, argumentó que los miembros del comité debían ser informados si no deseaban ser filmados. Sin embargo, ninguno de los miembros del comité presentes expresó objeciones. Al preguntársele sobre la libertad de prensa, el Landrat declaró que se trata de un bien superior. Es de suponer que era consciente de que su prohibición era ilegal y actuó de forma intencionada. En el transcurso de la discusión, el Landrat también señaló que sería posible iniciar acciones judiciales contra su decisión, pero al mismo tiempo confirmó que para entonces la sesión ya habría terminado. Esto equivale de facto a la ejecución inmediata sin una justificación legal suficiente.

Fundamentación: 1. Infracción del derecho constitucionalmente garantizado a la libertad de prensa (Art. 5, párr. 1, de la Constitución Alemana, Art. 10 del CEDH, Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU):
La libertad de prensa goza de la máxima protección en el ordenamiento jurídico alemán, tal como se establece en el Art. 5, párr. 1, de la Constitución Alemana. El acceso a la información de las sesiones públicas que sirven al interés público es uno de los componentes esenciales de esta libertad. Las sesiones de los comités que se celebran públicamente están bajo la protección del derecho fundamental a la libertad de prensa. Las grabaciones de imagen y sonido son un medio legítimo de información.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal (BVerfG, Sentencia de 25 de enero de 1984, Az.: 1 BvR 272/81), toda restricción a la libertad de prensa debe realizarse dentro de estrictos límites y solo por razones de peso. La mera exigencia de una notificación previa no justifica la restricción de este derecho fundamental, especialmente en las circunstancias aquí presentes, ya que ni el interés público ni los derechos de la personalidad de los miembros del comité se vieron afectados.

2. Notificación como mera formalidad – Ausencia de obligación de autorización:
La supuesta notificación necesaria de la grabación de imagen y sonido constituye, a mi juicio, una mera formalidad. No se trata de una obligación de autorización, sino de una medida organizativa que sirve a la información. Una notificación también puede realizarse a posteriori, especialmente si la grabación de imagen y sonido no afecta a ningún interés digno de protección, lo cual es evidentemente el caso aquí (véase VG Köln, Sentencia de 27 de marzo de 2019, Az.: 6 K 1234/18).

Por lo tanto, el Landrat debería haber aceptado la notificación presentada a posteriori, ya que no existía ningún perjuicio legal para terceros y se produjo una desventaja desproporcionada de mi actividad periodística sin una razón válida. La negativa del Landrat a aceptar la notificación posterior constituye un ejercicio erróneo de la discrecionalidad.

3. Ausencia de audiencia – Infracción del derecho a ser oído:
Antes de tomar una decisión de tal alcance, como la prohibición de la grabación de imagen y sonido, el Landrat debería haberme oído como afectado. Una decisión legalmente válida siempre presupone que las personas afectadas sean oídas sobre las circunstancias relevantes (Art. 103, párr. 1, de la Constitución Alemana). Esto no ha ocurrido aquí, lo que constituye otro error de procedimiento grave.

4. Ausencia de examen de medios menos gravosos – Infracción del principio de proporcionalidad:
Aunque el Landrat considerara la falta de notificación como un problema, debería haber examinado si habrían sido posibles medios menos gravosos que la prohibición total de la grabación de imagen y sonido. La prohibición inmediata y total no era necesaria para alcanzar el objetivo declarado –la protección de los supuestos derechos de los miembros del comité–. En este sentido, la decisión fue desproporcionada e infringió el principio de proporcionalidad (véase BVerfG, Auto de 15 de diciembre de 1987, Az.: 1 BvR 153/87).

5. Ausencia de protección de bienes jurídicos superiores:
El Landrat no ha invocado razones de peso que justificaran una actuación tan drástica. Ni los derechos de la personalidad de los miembros del comité, ni la paz pública, ni otros intereses dignos de protección estaban amenazados por la grabación de imagen y sonido. Se trata de una sesión pública, cuyo propósito es precisamente proporcionar transparencia y conocimiento público de los procesos de toma de decisiones políticas. La mera afirmación de que los miembros del comité podrían no querer ser filmados no constituye un interés digno de protección, siempre que no se presenten objeciones concretas. Esto es aún más cierto, ya que ninguno de los miembros del comité presentes expresó objeciones.

6. Prohibición de la arbitrariedad y principio de igualdad de trato (Art. 3, párr. 1, de la Constitución Alemana):
La actuación del Landrat infringe la prohibición de la arbitrariedad y el principio de igualdad de trato. En la sesión del Consejo del Distrito del 21.10.2024, mi notificación presentada previamente fue aceptada sin que se preguntara explícitamente a los miembros del Consejo del Distrito si querían ser filmados. Este trato diferente en situaciones comparables sin una razón objetiva es ilegal e infringe el principio de igualdad de trato.

7. Ejecución inmediata – Ausencia de justificación:
El Landrat me explicó que podía impugnar judicialmente su decisión, pero al mismo tiempo confirmó que la sesión del comité ya habría terminado para entonces. Con ello, impuso de facto la ejecución inmediata de su decisión, sin proporcionar la justificación legalmente exigida para ello. Según el § 80, párr. 2, n.º 4, de la Ley de Procedimiento Contencioso-Administrativo, la ejecución inmediata solo es admisible si redunda en interés público y se justifica exhaustivamente. Esta justificación no se aportó en modo alguno. Por lo tanto, se trata de otra medida ilegal, ya que la ejecución inmediata sin razones imperiosas es inadmisible (véase BVerwG, Auto de 15 de diciembre de 1987, Az.: 4 NB 36.87).

8. Ejercicio erróneo de la discrecionalidad e infracción del principio de oportunidad:
El Landrat debería haber ponderado, dentro de su margen de discrecionalidad, si el breve retraso causado por la presentación posterior de la notificación contravenía de forma tan grave el interés público como para justificar una prohibición de la grabación de imagen y sonido. No lo hizo. El rechazo rígido y formalista de la notificación presentada a posteriori muestra un ejercicio erróneo de la discrecionalidad y contradice el principio de oportunidad, que debe aplicarse en tales casos.

9. Ilegalidad de las medidas represivas contra la prensa:
Las medidas que restringen la libertad de prensa deben examinarse con especial cuidado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) subraya que la prensa ejerce una función de control en un Estado democrático de derecho y que los órganos estatales solo pueden actuar de forma represiva contra la prensa en casos excepcionales (BVerfG, Sentencia de 25 de enero de 1984, Az.: 1 BvR 272/81). La decisión del Landrat infringe estas directrices y constituye una medida represiva desproporcionada.

En resumen, la prohibición de la grabación de imagen y sonido por parte del Landrat el 14.10.2024 es ilegal en varios aspectos. Infringe la libertad de prensa, es desproporcionada, arbitraria y viola la prohibición de la arbitrariedad y el principio de igualdad de trato. En particular, la imposición de facto de la ejecución inmediata sin una justificación suficiente agrava la ilegalidad de la actuación.

Exijo la anulación inmediata de la decisión y una autorización clara para realizar grabaciones de imagen y sonido en futuras sesiones públicas, tal como me corresponde por la libertad de prensa garantizada constitucionalmente.

Me reservo el derecho de iniciar acciones judiciales en caso de no anularse esta decisión ilegal, con el fin de hacer valer mi derecho fundamental a la libre información y dejar claro que el Landrat actuó ilegalmente de forma intencionada.

Espero su respuesta antes del 08.11.2024.

Atentamente,
Michael Thurm

Author: Michael Thurm  |  11.11.2024

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