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La comisión de investigación como teatro: la crítica suave de la Dra. Susanne Wagenmann y las verdades ocultadas de los archivos del RKI


El 11 de junio de 2026, la Dra. Susanne Wagenmann, directora del Departamento de Seguridad Social de la Confederación de Asociaciones Patronales Alemanas (BDA), compareció ante la Comisión de Investigación sobre el Coronavirus del Bundestag. Sus declaraciones, tal como quedaron documentadas en el vídeo de la audiencia, parecen a primera vista objetivas y constructivas, pero un análisis más detallado revela la profunda brecha entre la revisión oficial de los acontecimientos y la brutal realidad de una política orquestada por el gobierno que ignoró por igual la ciencia, la economía y los derechos fundamentales.


¿Quién es la Dra. Susanne Wagenmann?

La Dra. Susanne Wagenmann es economista y desde hace años una voz influyente del sector empresarial. Dirigió el Departamento de Seguridad Social de la BDA y ha sido/es miembro activo de organismos como el consejo de administración de la Asociación Nacional de Fondos del Seguro Médico Obligatorio (GKV-Spitzenverband). Representa los intereses de la economía, no los de la opinión pública crítica ni los de la ciencia independiente. Durante la pandemia, la BDA, con su participación, adoptó una postura pragmática: las empresas invirtieron en medidas de protección, exigieron coordinación y se quejaron de la burocracia, sin cuestionar de manera radical la legitimidad fundamental de las medidas.

Durante los años de la pandemia, Wagenmann destacó principalmente como representante de los intereses empresariales: afirmó que las empresas habían invertido masivamente en protección, involucrado a médicos laborales y presentado a la economía como un pilar de la gestión de la crisis. Sus declaraciones públicas sobre la obligatoriedad de las mascarillas, los confinamientos o las normas similares a una obligación de vacunación (2G/3G) fueron prudentes; el enfoque se centró en la implementación pragmática y las ayudas económicas. En la audiencia de la comisión de investigación de 2026 repitió este mismo patrón.

Sus declaraciones del 11/06/2026: una crítica con guantes de terciopelo

En su intervención ante la comisión, Wagenmann destacó los graves daños económicos: según cálculos del IW de Colonia, el coronavirus costó más de 350.000 millones de euros en valor añadido. Elogió a la economía por sus inversiones en la protección de los empleados y por sus esfuerzos de coordinación frente a las fragmentadas regulaciones de los distintos estados federados. Sus principales demandas fueron:
  • Un marco regulatorio uniforme en lugar de un «mosaico regulatorio».
  • La participación de asociaciones e intermediarios (como la BDA y las mutuas de accidentes laborales).
  • El fortalecimiento de la digitalización en la administración pública y en los procedimientos de solicitud.
  • Garantizar la movilidad y el transporte de mercancías, evitar cierres fronterizos descoordinados y establecer carriles rápidos para bienes esenciales.
  • Ayudas económicas pragmáticas y una protección laboral y sanitaria orientada a las necesidades reales.
  • Considerar toda la cadena de procesos en las infraestructuras críticas (por ejemplo, fabricantes de vidrio para envases farmacéuticos).
Concluyó afirmando: «Desde la perspectiva de la economía alemana, es importante que la política se diseñe de forma transparente y coherente en situaciones como estas». Suena razonable, pero constituye una devastadora subestimación de la realidad.

Comparación con los archivos del RKI y los documentos filtrados: el gobierno ignoró su propia ciencia


Los archivos del RKI —actas internas del equipo de crisis del Instituto Robert Koch, obtenidas por vía judicial y parcialmente filtradas— ofrecen una imagen demoledora. La política no actuó basándose en la evidencia, sino impulsada por el pánico, la ideología y consideraciones de poder. Muchas de las medidas que Wagenmann critica simplemente como un «mosaico regulatorio» carecían de una base técnica sólida:
  • Mascarillas y población general: las actas muestran repetidamente que no existía evidencia de beneficios del uso de mascarillas (incluidas las FFP2) fuera del ámbito de la protección laboral para personas asintomáticas. Sin embargo, la obligación se impuso de forma generalizada, en contra de las valoraciones técnicas.
  • Confinamientos y cierre de escuelas: «Los confinamientos tuvieron en parte consecuencias más graves que el propio COVID». Las escuelas no impulsaban de forma significativa la propagación de las infecciones. Aun así, los responsables políticos (Merkel, Söder, Spahn y compañía) optaron por meses de cierres y enseñanza híbrida, con consecuencias devastadoras para los niños, la educación y la salud mental.
  • «Pandemia de los no vacunados» y 2G/3G: el RKI consideraba que este término era técnicamente incorrecto, ya que toda la población contribuía a la transmisión. Los privilegios basados en el estado de vacunación eran considerados «técnicamente injustificables». El gobierno (Spahn y posteriormente Lauterbach) ignoró esta evaluación y dividió deliberadamente a la sociedad. Muchos protocolos relacionados con las vacunas permanecieron censurados.
  • Influencia política: la elevación de la evaluación del riesgo a «alto» en marzo de 2020 no se produjo exclusivamente por motivos técnicos. Existían indicios de señales externas (políticas). Drosten incluso decidió no publicar un trabajo porque contradecía la actuación del gobierno. Internamente, el RKI lidiaba con la influencia del Ministerio Federal de Salud (BMG).
A la luz de estos hechos, el llamamiento de Wagenmann a la transparencia y la coherencia parece cínico. El gobierno creó deliberadamente la incoherencia —dependiendo del estado federado, del ministro de turno y del clima político— para ejercer control. El mosaico regulatorio no era un fallo, sino una característica de una gestión autoritaria de la crisis.

Los costes: no solo 350.000 millones

Los 350.000 millones de euros de pérdida de valor añadido son solo la punta del iceberg. A ello se suman daños psicológicos, retrasos educativos, quiebras empresariales, inflación derivada de políticas de endeudamiento, pérdida de confianza en las instituciones y una sociedad dividida. Las empresas sí invirtieron en medidas de protección, a menudo bajo presión y sujetas a exigencias absurdas (por ejemplo, mamparas de plexiglás o regímenes de pruebas), mientras que el Estado destinaba miles de millones a medidas ineficaces o perjudiciales. El suministro esencial al que se refiere Wagenmann fue precisamente puesto en peligro por políticas descoordinadas, no salvado por ellas.

Una comisión sin una verdadera rendición de cuentas

La contribución de la Dra. Wagenmann es típica de esta comisión de investigación: suaves advertencias sobre la necesidad de una «mejor preparación», elogios al diálogo social, pero ninguna evaluación fundamental de los responsables políticos en Berlín. Los archivos del RKI respaldan lo que los críticos ya afirmaban en 2020: las medidas fueron excesivas, alejadas de la evidencia y, en algunos casos, inconstitucionales. El gobierno (CDU/SPD/Verdes) sacrificó la libertad, la prosperidad y la ciencia en el altar del pánico y de la preservación del poder.

En lugar de limitarse a extraer «lecciones para el futuro», hacen falta consecuencias: esclarecer las decisiones erróneas, indemnizar a los afectados y poner fin a la minimización de lo ocurrido. La comisión de investigación corre el riesgo de convertirse en una operación de blanqueo político, mientras que los documentos demuestran que Alemania aplicó una de las políticas contra la COVID más estrictas y, al mismo tiempo, más cuestionables de Europa. ¿Transparencia y coherencia? El gobierno negó sistemáticamente ambas. Ese es el verdadero escándalo.

Author: AI-Translation - АИИ  | 

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